El académico de la Ibero Puebla denunció tortura por parte de la Guardia Nacional y una detención de 36 horas sin registro oficial; la universidad califica el hecho como una «desaparición institucional».
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Tras 14 días de incertidumbre, el doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor e investigador de origen colombiano vinculado a la IBERO Puebla, reapareció públicamente para denunciar un calvario de abusos sufridos a manos de fuerzas federales. Su testimonio no solo revela agresiones físicas, sino también una cadena de omisiones legales que lo mantuvieron «desaparecido» a ojos de su familia y la institución.
Leonardo relató que el 31 de diciembre, a su llegada al Aeropuerto de Monterrey procedente de Colombia, fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional. El académico aseguró que, durante la detención, los agentes le fracturaron tres costillas, lesión que ya ha sido confirmada mediante peritajes médicos tras su rescate.
Posteriormente, fue trasladado a una celda en el municipio de Apodaca, donde permaneció 36 horas. A pesar de que el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó recientemente que el docente fue puesto a disposición de un juzgado cívico por presuntas «faltas administrativas», la defensa del académico subraya que nunca existió un registro oficial en el Sistema Nacional de Detenciones, lo que impidió su localización inmediata por parte de sus abogados.
«Estoy utilizando los medios de la única institución que me respaldó durante todo este tiempo», declaró Escobar en alusión a la Ibero Puebla, tras narrar cómo fue liberado en un estado de total desorientación, sin documentos y sin sus pertenencias.
El caso ha encendido las alarmas en el Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Simón Hernández León, especialista en Derechos Humanos, explicó que este modus operandi —detener sin registrar y liberar en condiciones de vulnerabilidad— constituye una violación sistemática a las garantías individuales.
Escobar pasó de ser un detenido bajo custodia estatal a una persona en situación de calle en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde finalmente fue auxiliado por una clínica de rehabilitación cuando su salud se encontraba gravemente comprometida.
El rector Alejandro Guevara Sanginés ha mantenido una postura firme, exigiendo que la Fiscalía de Nuevo León y la Fiscalía General de la República (FGR) no solo den carpetazo al hallazgo, sino que sancionen a los elementos de la Guardia Nacional involucrados. La comunidad universitaria, que incluso realizó bloqueos viales el pasado viernes 16 de enero, advierte que este caso es un síntoma de la inseguridad y el abuso de autoridad que enfrentan los viajeros en los aeropuertos del norte del país.
